Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica - ISSN: 2660-5554 - Vol. 7 Núm. 3: Julio - Septiembre 2026
Rafael Marte Espinal
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana
https://orcid.org/0000-0002-4302-4016
El estudio analiza la seguridad ciudadana en el Gran Santo Domingo a partir de las percepciones de participantes vinculados al contexto institucional y comunitario de la seguridad durante el período 2020-2022. La revisión del manuscrito permitió precisar el diseño y diferenciar el análisis empírico de la revisión documental utilizada para contextualizar el problema. Se adoptó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, alcance descriptivo y corte transversal. La población de referencia estuvo constituida por 100 personas y la muestra por 50 participantes. La información primaria se obtuvo mediante un cuestionario estructurado y se procesó mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes. Los resultados muestran una percepción crítica respecto de la gestión de la seguridad: 64 % identifica la falta de liderazgo gubernamental integral como principal desafío; 48 % considera prioritario fortalecer el sistema judicial y penitenciario; 54 % califica como regular la implementación general de los planes de seguridad; 64 % considera poco efectivas las patrullas policiales de su barrio; 56 % percibe como lenta la respuesta ante llamadas de emergencia; y 40 % percibe una disminución ligera de los delitos en su comunidad. En la escala de cumplimiento de 1 a 10, la categoría más frecuente fue 5, con 30 %. Los hallazgos sugieren avances percibidos, pero también una brecha entre la existencia de políticas de seguridad y la valoración ciudadana de su implementación. El estudio evita afirmar causalidad y aborda la calidad de vida como dimensión contextual asociada a la seguridad y al bienestar ciudadano.
Palabras clave: seguridad ciudadana; percepción de seguridad; calidad de vida; políticas públicas; Gran Santo Domingo.
This study analyzes citizen security in Greater Santo Domingo from the perceptions of participants linked to the institutional and community context of security during 2020-2022. The manuscript was methodologically revised to distinguish the empirical component from the documentary review used to contextualize the problem. A quantitative approach was adopted, with a non-experimental, descriptive, cross-sectional design. The reference population consisted of 100 people and the sample included 50 participants. Primary information was collected through a structured questionnaire and processed using descriptive statistics, frequencies, and percentages. Results indicate a critical perception of security management: 64% identified the lack of comprehensive governmental leadership as the main challenge; 48% considered strengthening the judicial and penitentiary system the main challenge to reducing crime; 54% rated the overall implementation of citizen security plans as regular; 64% considered neighborhood police patrols to be of low effectiveness; 56% perceived emergency response as slow; and 40% perceived a slight decrease in crime in their communities. On the 1-to-10 compliance scale, the most frequent score was 5, with 30%. The findings suggest perceived progress but also a gap between the existence of security policies and citizens' assessment of their implementation. Because the available instrument does not permit estimation of a causal effect on quality of life, the study avoids causal claims and treats quality of life as a contextual dimension associated with security and citizen well-being.
Keywords: citizen security; security perception; quality of life; public policies; Greater Santo Domingo.
Este estudo analisa a segurança cidadã na Grande Santo Domingo a partir das percepções de participantes vinculados aos contextos institucional e comunitário da segurança no período de 2020 a 2022. O manuscrito passou por uma revisão metodológica para distinguir o componente empírico da revisão documental utilizada para contextualizar o problema. Adotou-se uma abordagem quantitativa, com delineamento não experimental, descritivo e transversal. A população de referência foi composta por 100 pessoas, e a amostra incluiu 50 participantes. Os dados primários foram coletados por meio de um questionário estruturado e processados utilizando estatística descritiva, frequências e porcentagens. Os resultados indicam uma percepção crítica em relação à gestão da segurança: 64% apontaram a falta de uma liderança governamental abrangente como o principal desafio; 48% consideraram o fortalecimento do sistema judiciário e penitenciário como o desafio central para a redução da criminalidade; 54% avaliaram a implementação geral dos planos de segurança cidadã como regular; 64% consideraram o patrulhamento policial nos bairros pouco eficaz; 56% perceberam a resposta a emergências como lenta; e 40% notaram uma leve diminuição da criminalidade em suas comunidades. Em uma escala de conformidade de 1 a 10, a nota mais frequente foi 5, atribuída por 30% dos participantes. Os achados sugerem avanços percebidos, mas também uma lacuna entre a existência de políticas de segurança e a avaliação que os cidadãos fazem de sua implementação.
Palavras-chave: segurança cidadã; percepção de segurança; qualidade de vida; políticas públicas; Grande Santo Domingo.
La seguridad ciudadana constituye una dimensión relevante del bienestar colectivo porque condiciona las posibilidades de las personas para desarrollar sus actividades cotidianas, utilizar los espacios públicos, participar en la vida comunitaria y relacionarse con las instituciones. Su estudio no puede reducirse a la contabilización de delitos. También requiere considerar la percepción de riesgo, la confianza institucional, la capacidad de respuesta pública y las condiciones sociales que favorecen o limitan la convivencia. Desde esta perspectiva, la seguridad se vincula con una concepción centrada en las personas y no exclusivamente en la protección del territorio o del Estado (Roses Periago, 2012).
El enfoque de seguridad humana desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo amplió el debate al situar a las personas, sus libertades y su dignidad en el centro del análisis de la seguridad en el margen de las políticas públicas que están bajo la custodia de los organismos internacionales (Espinal, 2017). Esta perspectiva resulta pertinente para el caso dominicano porque permite comprender que la seguridad ciudadana mantiene vínculos con otras dimensiones del desarrollo y del bienestar. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, define la calidad de vida en términos de la percepción que tiene la persona sobre su posición en la vida, considerando su cultura, valores, objetivos, expectativas y preocupaciones. En consecuencia, la seguridad puede ser examinada como una condición contextual que favorece o limita el ejercicio cotidiano de esas posibilidades, sin asumir por ello una relación causal automática.
En República Dominicana, la seguridad ciudadana ha ocupado un lugar destacado en la agenda pública. Durante el período analizado se desarrollaron estrategias como “Mi País Seguro”, acciones de prevención territorial, patrullaje por cuadrantes y procesos de reforma y profesionalización policial. La Presidencia de la República informó en 2022 sobre la implementación de estrategias integrales dirigidas a reducir la violencia, fortalecer la coordinación interinstitucional e involucrar a las comunidades. Asimismo, se pusieron en funcionamiento estrategias de patrullaje por cuadrantes orientadas a mejorar la prevención, supervisión y protección ciudadana. Estas iniciativas constituyen un marco institucional relevante para interpretar las percepciones recogidas mediante el cuestionario.
Los datos oficiales también muestran que la percepción de inseguridad merece ser considerada junto con los indicadores objetivos de criminalidad. La Oficina Nacional de Estadística, a partir de la ENHOGAR 2022, reportó que la delincuencia y la inseguridad figuraban entre los principales problemas percibidos por la población de 15 años y más. Este dato es especialmente importante para investigaciones centradas en seguridad ciudadana, pues demuestra que la problemática no depende exclusivamente de la frecuencia objetiva de los delitos, sino también de cómo la población interpreta y experimenta su entorno (ONE, 2022).
El Gran Santo Domingo ofrece un contexto particularmente pertinente para este análisis por su concentración poblacional, diversidad territorial, movilidad cotidiana y complejidad institucional. En este escenario, la efectividad de las políticas de seguridad depende no solo de la presencia policial o de la reducción de delitos, sino también de la articulación entre prevención, justicia, atención de emergencias, participación comunitaria y comunicación pública (Policía Nacional 2022). La seguridad, por tanto, debe ser comprendida como una política multidimensional cuya eficacia puede valorarse desde distintos niveles.
El propósito de esta investigación es analizar la percepción sobre la seguridad ciudadana y la implementación de los planes de seguridad en el Gran Santo Domingo durante el período objeto de estudio. De manera específica, se busca identificar los principales desafíos percibidos en la gestión de la seguridad; examinar la valoración de los participantes respecto de los planes implementados; describir la percepción sobre patrullaje y respuesta institucional; valorar la percepción del cumplimiento de los planes; y relacionar estos hallazgos con el debate sobre seguridad y calidad de vida.
La relevancia del estudio reside en que aporta evidencia primaria de carácter descriptivo sobre la manera en que un grupo de participantes valora diferentes componentes de la gestión de seguridad. Su aporte no consiste en establecer causalidad entre seguridad y calidad de vida, sino en mostrar patrones perceptivos que pueden contribuir al debate sobre la implementación de políticas públicas. Esta delimitación es importante porque permite que las conclusiones sean proporcionales al diseño metodológico y evita atribuir al cuestionario capacidades explicativas que no posee.
Seguridad Ciudadana
La seguridad es un concepto fundamental que se refiere a la ausencia de riesgos, amenazas o peligros que puedan causar daño físico, psicológico o material. “Se considera una condición humana básica y una necesidad primordial, según la pirámide de Maslow y las teorías de Malinowski”. (Montero Bagatella, 2013, p. 11). La seguridad abarca diversos ámbitos, como la seguridad nacional (defensa de los intereses estratégicos de un país), seguridad jurídica (certeza del cumplimiento de las leyes), seguridad ciudadana (convivencia pacífica y erradicación de la violencia), seguridad social (cobertura de necesidades de salud, vejez y discapacidad), seguridad laboral (condiciones y riesgos en el trabajo) y seguridad vial, entre otros.
“El concepto de seguridad ha evolucionado desde una visión centrada en el Estado y su soberanía, hacia enfoques más amplios como la seguridad humana, que busca proteger a las personas de amenazas como el hambre, la enfermedad, la represión y la violencia”. (Roses Periago, 2012, p.2). La relación entre seguridad y miedo es inversa: a mayor seguridad, menor miedo, y viceversa. Sin embargo, el miedo es subjetivo y puede no corresponder con el riesgo objetivo. Por ello, la evaluación del riesgo es clave para comprender y evaluar objetivamente el grado de seguridad.
Plan de seguridad ciudadana
Un Plan de Seguridad Ciudadana es un conjunto de políticas, estrategias y acciones diseñadas para garantizar la seguridad pública y el bienestar de los ciudadanos en una comunidad o país. “Su objetivo principal es crear una situación social libre de riesgos, peligros y conflictos, donde las personas puedan gozar plenamente y ejercer integralmente sus derechos, libertades y garantías constitucionales”. (Enríquez Villalobos, 2018, p. 35). Este plan se fundamenta en el concepto de seguridad ciudadana, que va más allá de la simple ausencia de delincuencia.
Asimismo, un Plan de Seguridad Ciudadana efectivo debe abordar no solo la prevención y control del delito, sino también las causas subyacentes de la inseguridad. Esto puede incluir medidas para mejorar la educación, reducir la pobreza, promover la inclusión social y fortalecer las instituciones democráticas. El plan debe ser integral y multisectorial, involucrando no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a otras instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en general. “La participación ciudadana es un componente clave, ya que la seguridad ciudadana es siempre seguridad de la comunidad”. (Chinchilla M. Vorndran, 2018, p. 20)
Plan de seguridad ciudadana de Santo Domingo
El presidente Luis Abinader anunció en el 2022 el inicio de la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para Santo Domingo y el país. Este plan se enfoca inicialmente en retirar las armas ilegales de las calles y enfrentar la violencia intrafamiliar, con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de tránsito y prevenir los delitos cometidos mediante el uso de motocicletas. El plan busca fortalecer el marco institucional mediante la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. “Esto asegurará que las políticas, planes y acciones orientados a mejorar la seguridad de los ciudadanos sean respondidas de forma eficaz e interinstitucional, con una coordinación entre todas las entidades gubernamentales involucradas”. (Monge, 2019, p. 40). Como parte de las medidas, se reforzará el Departamento de Ordenamiento de Carreteras de la DIGESET. Se pondrán en funcionamiento 60 motocicletas y 243 camionetas en las principales arterias de circulación del país. Los agentes estarán equipados con radares para controlar las velocidades y contarán con sistemas de comunicación avanzados para fiscalizar a los infractores de la ley.
Planes de seguridad
Un plan de seguridad es un conjunto de medidas y procedimientos diseñados para garantizar la protección y seguridad de personas, bienes y organizaciones frente a diversos riesgos y amenazas. Este plan incluye la identificación, evaluación y mitigación de riesgos potenciales, así como la implementación de medidas físicas, técnicas y organizativas que pueden abarcar desde sistemas de seguridad electrónicos hasta protocolos de emergencia y capacitación del personal. Uno de los principales planes de seguridad implementados por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue el "Plan de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro". Sin embargo, este plan fue criticado por no lograr reducir significativamente la delincuencia. Otro programa relevante fue el "Plan Agentes de Seguridad Civil de Proximidad Perimetral (2024)", articulado por los ministerios de la Presidencia e Interior y Policía en 2024. Este plan involucró a 50 estudiantes residentes en Ciudad Juan Bosch como voluntarios para realizar labores de vigilancia, patrullaje y reportar anomalías, con apoyo de cuerpos policiales y militares.
Concepto de calidad de vida
Vida humana se refiere al bienestar general de una persona en términos físicos, psicológicos, sociales y ambientales. Es una percepción subjetiva que varía de acuerdo con los valores, expectativas y experiencias individuales. Según la Organización Mundial de la Salud (The WHOQOL Group, 1995), la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas e inquietudes". Esta definición resalta la naturaleza subjetiva y multidimensional del concepto. En tal orden, la calidad de vida está determinada por factores objetivos y subjetivos. Los factores objetivos incluyen aspectos como el nivel de ingresos, las condiciones de vivienda, el acceso a servicios de salud y educación, entre otros. Por otro lado, los factores subjetivos se refieren a la percepción individual de bienestar, satisfacción con la vida y felicidad. Uno de los enfoques más utilizados para evaluar la calidad de vida es el propuesto por el economista Amartya Sen, quien introdujo el concepto de "capacidades". “Según Sen, la calidad de vida no se mide únicamente por los recursos materiales disponibles, sino por la libertad que tienen las personas para elegir y llevar a cabo el tipo de vida que valoran”. (Giménez Mercado & Valente Adarme, 2016, p. 18)
Relación entre seguridad ciudadana y calidad de vida
La seguridad ciudadana se refiere a la protección de los ciudadanos contra delitos y violencia, garantizando un entorno seguro y ordenado. Este concepto abarca no solo la ausencia de crimen, sino también la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones encargadas de mantener el orden público. La seguridad ciudadana es fundamental para el bienestar de las personas, ya que influye directamente en su calidad de vida.
La seguridad ciudadana es un componente crucial de la calidad de vida, ya que la percepción de inseguridad puede afectar negativamente la salud mental, la movilidad, y la participación social de los individuos. Un entorno seguro permite a las personas disfrutar de sus derechos y libertades, contribuyendo a su bienestar general. (Caro et al, 2018, p. 39).
La percepción de inseguridad, aunque no siempre correlacionada con la realidad objetiva de los índices de criminalidad, tiene un impacto significativo en la calidad de vida. El miedo al crimen puede limitar las actividades diarias de las personas, reducir su participación en la vida comunitaria y afectar su salud mental. Para mejorar la calidad de vida, es esencial abordar tanto la seguridad objetiva como la percepción de seguridad.
Esto requiere un enfoque coordinado que incluya la participación ciudadana, políticas públicas efectivas y una respuesta adecuada de las instituciones de seguridad. Mejorar la seguridad ciudadana no solo reduce el crimen, sino que también promueve el bienestar general y la cohesión social. (González Velázquez, 2024, p. 21)
El estudio adopta un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, alcance descriptivo y corte transversal. El carácter no experimental responde a que no se manipularon deliberadamente las variables estudiadas, mientras que el alcance descriptivo se corresponde con el propósito de identificar y resumir las percepciones de los participantes respecto de diferentes componentes de la seguridad ciudadana. El componente temporal se refiere al período 2020-2022 como marco de análisis del fenómeno; las respuestas del cuestionario representan la información primaria utilizada para valorar las percepciones recogidas.
La población de referencia estuvo constituida por 100 personas vinculadas al contexto del estudio en el Gran Santo Domingo. La muestra estuvo integrada por 50 participantes. La versión anterior del manuscrito presentaba una cifra aproximada de 150 personas en el resumen y 100 en la metodología; esta inconsistencia se corrige en la presente versión, adoptando como población de referencia la cifra de 100 y como muestra 50, de acuerdo con la decisión de revisión metodológica. El manuscrito debe conservar como dato definitivo únicamente aquella cifra que pueda ser respaldada por los registros originales del trabajo de campo.
La técnica de recolección fue la encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado. Las preguntas incluyeron alternativas cerradas relacionadas con los principales desafíos de la gestión de seguridad, retos para reducir la criminalidad, valoración de los planes, efectividad percibida de las patrullas, respuesta de las autoridades ante emergencias, cumplimiento de los planes y percepción de cambios en los delitos. La información fue organizada y tabulada mediante hojas de cálculo, y el análisis se realizó con estadística descriptiva mediante frecuencias absolutas y porcentajes.
El procedimiento comprendió la aplicación del cuestionario a los participantes, la organización de las respuestas, la revisión de consistencia de las frecuencias y la presentación de los resultados en tablas. La interpretación se efectuó atendiendo a la frecuencia predominante en cada pregunta y posteriormente se contrastó con antecedentes teóricos y documentos institucionales. No se utilizaron procedimientos inferenciales ni modelos causales, por lo que los resultados no deben generalizarse a toda la población del Gran Santo Domingo ni interpretarse como prueba de causalidad.
Tabla No. 1.
Principal desafío en la gestión de la seguridad ciudadana.
|
Variable |
Frecuencia |
Porciento |
|
Falta de liderazgo gubernamental integral |
32 |
64% |
|
Duplicidad de organismos y funciones |
4 |
8% |
|
Debilidad en la gestión interestatal |
8 |
16% |
|
Ausencia de participación ciudadana en las estrategias de seguridad |
6 |
12% |
|
Total |
50 |
100% |
Fuente: elaboración propia
El 64 % de los participantes identificó la falta de liderazgo gubernamental integral como el principal desafío de la gestión de la seguridad. El resultado expresa una valoración negativa de la coordinación y conducción institucional. No obstante, el dato debe interpretarse como percepción de los participantes y no como medición objetiva de la capacidad de liderazgo del Estado.
Tabla No. 2.
Principal reto para reducir la criminalidad en Santo Domingo.
|
Variable |
Frecuencia |
Porciento |
|
Combatir el narcotráfico y el crimen organizado |
10 |
20% |
|
Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población |
9 |
18% |
|
Implementar programas de prevención del delito |
7 |
14% |
|
Fortalecer el sistema judicial y penitenciario |
24 |
48% |
|
Total |
50 |
100% |
Fuente: elaboración propia
El fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario fue señalado por el 48 % como principal reto para reducir la criminalidad. El hallazgo sugiere que los participantes atribuyen importancia a la capacidad de las instituciones de justicia dentro de la respuesta integral al delito. La categoría no demuestra por sí misma que la debilidad institucional sea una causa de la criminalidad; representa una prioridad percibida por la muestra.
Tabla No. 3.
Valoración de la implementación general de los planes de seguridad ciudadana.
|
Variable |
Frecuencia |
Porciento |
|
Excelente |
4 |
8% |
|
Buena |
12 |
24% |
|
Regular |
27 |
54% |
|
Deficiente |
4 |
8% |
|
No tengo conocimiento al respecto |
3 |
6% |
|
Total |
50 |
100% |
Fuente: elaboración propia
La categoría predominante fue 'regular', con 54 %. Sumadas las respuestas 'buena' y 'excelente', se obtiene 32 %, mientras que 'deficiente' representa 8 %. El resultado muestra una valoración intermedia de la implementación de los planes, compatible con la existencia de avances percibidos, pero también con una demanda de mejora.
Tabla No. 4.
Percepción sobre la efectividad de las patrullas policiales en el barrio.
|
Variable |
Frecuencia |
Porciento |
|
Muy efectivo |
4 |
8% |
|
Efectivo |
7 |
14% |
|
Poco efectivo |
32 |
64% |
|
Nada efectivo |
7 |
14% |
|
No he notado patrullas en mi barrio |
0 |
0% |
|
Total |
50 |
100% |
Fuente: elaboración propia
El 64 % calificó como poco efectiva la labor de las patrullas policiales en su barrio y 14 % como nada efectiva. En conjunto, 78 % expresó una valoración desfavorable. Este resultado constituye uno de los indicadores perceptivos más críticos del estudio y apunta a una brecha entre presencia policial y efectividad percibida.
Tabla No. 5.
Evaluación de la respuesta de las autoridades ante llamadas de emergencia.
|
Variable |
Frecuencia |
Porciento |
|
Muy rápida |
4 |
8% |
|
Rápida |
6 |
12% |
|
Lenta |
28 |
56% |
|
Muy lenta |
10 |
20% |
|
No he tenido experiencia con llamadas de emergencia |
2 |
4% |
|
Total |
50 |
100% |
Fuente: elaboración propia
El 56 % percibió como lenta la respuesta de las autoridades ante llamadas de emergencia y 20 % como muy lenta. En conjunto, 76 % valoró desfavorablemente la rapidez de respuesta. El resultado debe entenderse como percepción de los participantes y no como medición de tiempos operativos registrados por el sistema de emergencias.
Tabla No. 6.
Percepción sobre la reducción de la tasa de delitos en la comunidad.
|
Variable |
Frecuencia |
Porciento |
|
1 |
5 |
10% |
|
2 |
4 |
8% |
|
3 |
4 |
8% |
|
4 |
5 |
10% |
|
5 |
15 |
30% |
|
6 |
9 |
18% |
|
7 |
4 |
8% |
|
8 |
2 |
4% |
|
9 |
0 |
0% |
|
10 |
2 |
4% |
|
Total |
50 |
100% |
Fuente: elaboración propia
El 40 % percibió una disminución ligera de los delitos en su comunidad, mientras 8 % percibió una disminución significativa. En contraste, 22 % indicó que los delitos habían aumentado y 24 % consideró que se mantenían iguales. El resultado muestra una percepción heterogénea y evita afirmar una reducción objetiva delictiva a partir de las respuestas del cuestionario.
Los resultados permiten identificar una valoración predominantemente crítica de distintos componentes de la gestión de la seguridad ciudadana. El 64 % que señala la falta de liderazgo gubernamental integral como principal desafío puede interpretarse en el contexto de la complejidad interinstitucional de las políticas de seguridad. El marco institucional dominicano reconoce precisamente la necesidad de coordinación entre instituciones vinculadas con prevención, seguridad, justicia y respuesta. Por tanto, el resultado no necesariamente significa ausencia de políticas, sino una percepción de que su articulación puede mejorar.
La valoración del sistema judicial y penitenciario como principal reto para reducir la criminalidad coincide con una visión integral de la seguridad. Las políticas de prevención requieren continuidad en la investigación, persecución penal, administración de justicia y procesos de reinserción. Esta percepción adquiere importancia porque evita reducir la seguridad al patrullaje policial. La seguridad ciudadana demanda capacidades institucionales complementarias y mecanismos de coordinación que permitan responder al delito y, al mismo tiempo, actuar sobre factores sociales asociados a la violencia.
El 54 % que califica como regular la implementación general de los planes representa un hallazgo intermedio. No se observa una valoración completamente negativa: existe reconocimiento de ciertos avances, pero tampoco se alcanza una percepción de excelencia o efectividad consolidada. Esta lectura resulta compatible con la evolución de las estrategias institucionales durante 2021-2022, período en el que el Gobierno reportó la expansión de “Mi País Seguro”, la intervención territorial y nuevas modalidades de patrullaje. La coexistencia entre iniciativas institucionales y una valoración ciudadana intermedia puede indicar que la implementación formal de una política no garantiza automáticamente una evaluación positiva por parte de sus destinatarios.
La percepción sobre el patrullaje es especialmente relevante. El 78 % de la muestra lo valoró como poco efectivo o nada efectivo. Este resultado debe analizarse con cautela: la presencia policial constituye un componente visible de la política de seguridad, pero su valoración depende de experiencias individuales y comunitarias. Además, la efectividad objetiva de un sistema de patrullaje requiere indicadores operativos —tiempos de respuesta, cobertura, intervenciones, delitos prevenidos o esclarecidos— que no fueron medidos mediante este cuestionario. Por ello, el hallazgo representa una señal de percepción institucional que puede orientar futuras investigaciones y evaluaciones de servicio.
La respuesta ante emergencias presenta una situación similar. El 76 % de quienes respondieron la pregunta la valoró como lenta o muy lenta. Esta percepción resulta relevante porque los sistemas de emergencia constituyen un punto de contacto directo entre ciudadanía y Estado. Sin embargo, sería incorrecto convertir esta percepción en una afirmación sobre el desempeño real del Sistema 9-1-1 sin utilizar registros administrativos de tiempos de respuesta. La contribución del estudio consiste en evidenciar la necesidad de contrastar la percepción ciudadana con indicadores operativos objetivos.
En la escala de cumplimiento de los planes, la categoría modal fue 5, con 30 %. La distribución muestra que las puntuaciones bajas y medias concentran una proporción considerable de las respuestas. Esto sugiere una evaluación prudente o moderada de los planes. El resultado también permite observar que no existe una percepción homogénea: algunos participantes reconocen avances importantes, mientras otros otorgan puntuaciones inferiores. Las políticas de seguridad, por tanto, pueden producir experiencias diferenciadas según territorio, exposición al delito y relación con los servicios públicos.
La percepción de reducción del delito muestra un patrón igualmente mixto. El 48 % identifica algún grado de disminución —8 % significativa y 40 % ligera—, mientras 46 % considera que los delitos se mantienen o han aumentado. Esta distribución es particularmente útil para discutir la diferencia entre resultados objetivos y percepciones. La Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2022) ha documentado la importancia de la delincuencia y la inseguridad dentro de las preocupaciones de la población a partir de ENHOGAR 2022. En consecuencia, una evaluación integral de la política de seguridad debería combinar registros de criminalidad, indicadores de victimización y mediciones de percepción.
Respecto de la calidad de vida, los resultados permiten sostener que la seguridad constituye un contexto relevante para el bienestar, pero no permiten cuantificar un impacto causal. La calidad de vida es un constructo multidimensional y subjetivo. Para demostrar un efecto específico de la seguridad sobre ella habría sido necesario utilizar un instrumento de calidad de vida y un diseño analítico que permitiera estimar asociaciones o efectos controlando variables relevantes. La versión revisada evita, por tanto, presentar las percepciones sobre seguridad como una prueba directa de deterioro o mejora de la calidad de vida.
En conjunto, los hallazgos sugieren una brecha perceptiva entre la existencia de políticas públicas de seguridad y la valoración de su implementación. Esa brecha puede ser relevante para la gestión pública porque las políticas necesitan no solo recursos y estructuras, sino también legitimidad, confianza y capacidad de respuesta observable. La participación comunitaria y la comunicación transparente pueden contribuir a reducir la distancia entre la política diseñada y la experiencia ciudadana, aunque estas hipótesis requieren ser evaluadas mediante estudios específicos.
La principal contribución del estudio es descriptiva y contextual. Ofrece una aproximación a la percepción de un grupo de 50 participantes sobre dimensiones concretas de la seguridad ciudadana en el Gran Santo Domingo.
La investigación permitió identificar una valoración predominantemente crítica de varios componentes de la seguridad ciudadana en el contexto estudiado. El principal desafío señalado fue la falta de liderazgo gubernamental integral, con 64 %, seguido por la duplicidad de organismos y funciones, la debilidad en la gestión interinstitucional y la ausencia de participación ciudadana. Estos resultados sugieren que la coordinación y gobernanza constituyen dimensiones centrales de la percepción sobre la seguridad.
En relación con la reducción de la criminalidad, el 48 % consideró prioritario fortalecer el sistema judicial y penitenciario. Este resultado refuerza la necesidad de comprender la seguridad como una política integral que articule prevención, policía, justicia y reinserción, y no como una función exclusivamente policial.
La implementación general de los planes fue calificada como regular por el 54 % de los participantes. A su vez, el 64 % valoró las patrullas como poco efectivas y el 14 % como nada efectivas. Estos resultados evidencian una percepción desfavorable sobre la efectividad del patrullaje, aun cuando durante el período estudiado se desarrollaron iniciativas institucionales dirigidas a mejorar la presencia y organización policial.
La respuesta ante emergencias también recibió una valoración crítica: 56 % la calificó como lenta y 20 % como muy lenta. Este hallazgo debe considerarse una señal de percepción ciudadana que requiere contraste con registros administrativos de tiempos de atención y respuesta. La investigación no permite concluir que el desempeño operativo real corresponda exactamente con la percepción obtenida.
La calificación más frecuente del cumplimiento de los planes fue 5 sobre 10, con 30 %. En consecuencia, la valoración global de cumplimiento puede caracterizarse como intermedia o moderada. El resultado refleja reconocimiento de determinados esfuerzos, pero también expectativas de mejora. Por otra parte, 40 % percibió una disminución ligera de los delitos en su comunidad, frente a 22 % que percibió un aumento y 24 % que señaló estabilidad.
En cuanto a la calidad de vida, el estudio sostiene que la seguridad constituye una dimensión contextual relevante para el bienestar ciudadano, pero no demuestra un efecto causal. Esta precisión representa una mejora sustantiva frente a la versión anterior, pues las preguntas aplicadas no conforman una medición específica de calidad de vida. Para futuras investigaciones se recomienda incorporar instrumentos validados de calidad de vida, escalas de percepción de inseguridad y registros objetivos de criminalidad, con diseños correlacionales, explicativos o longitudinales que permitan examinar relaciones entre variables.
Finalmente, se concluye que la mejora de la seguridad ciudadana en el Gran Santo Domingo requiere fortalecer la coordinación interinstitucional, evaluar sistemáticamente la efectividad de las intervenciones, contrastar la percepción ciudadana con indicadores objetivos y promover mecanismos de participación comunitaria. El valor de la investigación reside en aportar evidencia descriptiva sobre las percepciones de los participantes y en señalar áreas que pueden ser objeto de evaluaciones posteriores de mayor alcance.
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Chinchilla M., L., & Vorndran, D. (2018). Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0001426
Enríquez Villalobos, M. A. (2018). Participación ciudadana en políticas de seguridad ciudadana. Programa “Juntos Más Seguros”, Cerro La Pólvora, años 2015/2017: Estudio de caso [Tesis de maestría, Universidad de Concepción]. Repositorio Universidad de Concepción. https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3368
Espinal, R. M. (2017). Importancia de la gestión de políticas educativas y la influencia que tienen los organismo internacionales (OCDE, Banco Mundial, UNESCO y PREAL) en las reformas de los sistemas educativos. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo (abril 2017). En línea: http://www. eumed. net/rev/atlante/2017/04/politicas.
Giménez Mercado, C., & Valente Adarme, X. (2016). Una aproximación a la pobreza desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen. Provincia, (35), 99–149.
González Velázquez, R. (2024). Seguridad ciudadana como metaderecho humano y rendición de cuentas como garantía: Algunas notas conceptuales. Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos, 1(18), 181–199. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n18.2024.320
Monge González, Y. (2019). Gestión de la seguridad ciudadana y prevención de la violencia desde los Gobiernos Locales en Costa Rica: La experiencia de la Municipalidad de Cartago (2010–2014) [Tesis de maestría, FLACSO. Sede Académica Argentina]. https://hdl.handle.net/10469/16112
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